La Posibilidad de una Ética Administrativa
La ética de la neutralidad y la ética de la estructura
En un artículo expuesto por (Thompson , 1985) nos manifiesta que para que la ética administrativa sea posible se debe rechazar dos ideas: la ética de la neutralidad y la ética de la estructura. La ética administrativa implica la aplicación de principios morales que se encuentran ligados con el desempeño de los funcionarios de las organizaciones.
La ética en las organizaciones públicas es una especie de ética política ya que se aplica principios morales a la vida política, es decir, a) los derechos y deberes que los ciudadanos deben respetar cuando actúan y afecten el bienestar del resto y b) las condiciones que las prácticas y políticas deben satisfacer cuando afectan el bienestar de las personas.
El desafío de la ética administrativa procede de quienes reconocen que la moral es perfectamente posible en la vida privada, pero niegan que sea posible en la vida de las organizaciones. Esto incluye dos objeciones básicas:
La ética de la neutralidad
Sostiene que los administradores deben cumplir las órdenes de sus superiores y aplicar las políticas de la dependencia y del gobierno al que sirven. Los administradores son éticamente neutrales porque no ejercen un juicio moral independiente.
La ética de la neutralidad no niega que a menudo los administradores deben aplicar su propio criterio en la formulación de la política. Se puede hacer tres tipos de críticas:
Dado que la ética subestima la discrecionalidad que ejercen los administradores, impide que los ciudadanos llamen a cuentas a los administradores.
Se centra en la afirmación de que ocupar un cargo implica aceptar sus deberes, tal como fueron definidos por la organización.
La limitación de sus cargos de acción a dos: obediencia o renuncia. La ética no ofrece aquí ninguna guía porque excluye la posibilidad de que haya una oposición interna moralmente aceptable a las decisiones de la organización, por lo menos a las “decisiones finales”.
Por otro lado, existen ocasiones que se trazan una analogía entre la desobediencia del funcionario y la desobediencia civil y a la vez se sostiene que los ciudadanos de una democracia están justificados si violan la ley con objeto de modificar una ley o una política, pero sólo en cierto modo y en ciertas condiciones. Los ciudadanos deben:
Actuar públicamente
No actuar con violencia
Apelar a principios compartidos por otros ciudadanos
Dirigir su desafío contra una justicia considerable
Agotar todos los canales normales de protesta antes de violar una ley
Planear su desobediencia de modo que, junto con la de otros ciudadanos, no altere la estabilidad del proceso democrático.
Los funcionarios no pueden arrogarse los mismos derechos que los ciudadanos y debe decirse, la analogía en general no se sostiene.
La tarea importante respecto a la desobediencia y a las otras formas de disentimiento consiste en crear normas que puedan ayudar a determinar cuándo es justificable cada una en diversas circunstancias.
La ética de la estructura
Afirma que aun si los administradores pueden tener cierto espacio para hacer un juicio moral independiente, no se les puede hacer moralmente responsables de la mayor parte de decisiones y políticas del gobierno.
Su responsabilidad moral y personal sólo abarca los deberes específicos de su propio cargo, por los cuales también son legalmente responsables. El juicio moral presupone una dependencia moral. El principal problema moral es saber qué era lo correcto y no quién lo hizo.
Los partidarios de la ética de la estructura presentan tres argumentos para negar la posibilidad de atribuir responsabilidades individuales en las organizaciones y, por tanto, socavar la posibilidad de la ética administrativa, estas son:
Se arguye que ninguna persona es causa necesaria o suficiente de ningún resultado de una organización.
Señala la brecha que hay entre la intención individual y los resultados colectivos. Los motivos personales de los funcionarios son inevitablemente diversos.
Señala los requisitos de cada función. Los deberes del cargo y las rutinas de las grandes organizaciones exigen acciones individuales que, aunque son inofensivas en sí mismas o has en algún sentido obligatorias, se combinan para producir decisiones y políticas nocivas de la organización.
Los requerimientos de un cargo aíslan al funcionario. Se debe subrayar otra manera en que los funcionarios pueden dejar atrás su cargo. Aun cuando una función limite plena y legítimamente lo que puede hace un funcionario, esto no necesariamente acaba con toda responsabilidad personal.
Los funcionarios pueden librarse de culpa por una decisión particular, mas no por ello se libran de la responsabilidad de tratar de modificar las limitaciones del papel y de la estructura que ayudaron a producir esta decisión, y no quedan libres de responsabilidad por criticar esas limitaciones.
Bibliografía
Thompson , D. F. (1985). XLIII La posibilidad de una ética administrativa. Washington, Estados Unidos.
